Los vecinos de Plaza Mayor piden conocer quién genera los residuos y quién soporta su coste.

 

Madrid, 8 de octubre de 2026. Coincidiendo con la apertura del periodo de pago de la Tasa de Gestión de Residuos (TGR), la Asociación de vecinos Residentes de la Plaza Mayor de Madrid y Aledaños (VPMMAD) considera necesario conocer con precisión cómo se distribuye la generación de residuos y el coste de su gestión en uno de los espacios de mayor afluencia turística y densidad comercial de Madrid.

El Ayuntamiento ha abierto el 1 de octubre el periodo voluntario de pago de la TGR, que permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre. VPMMAD considera prudente esperar al pronunciamiento definitivo de los tribunales sobre las cuestiones actualmente judicializadas antes de formular una posición jurídica de fondo sobre la tasa.

Sin embargo, la Asociación entiende que el actual periodo de cobro constituye una oportunidad para plantear una cuestión que afecta directamente a los residentes de Plaza Mayor y por extensión al Distrito Centro: ¿qué parte de los residuos recogidos en este entorno es generada realmente por quienes viven en él y qué parte corresponde a la enorme población flotante que diariamente utiliza este espacio?

 

La cuestión resulta especialmente relevante porque el propio sistema municipal utiliza para calcular parte de la cuota residencial los kilos de residuos generados por persona en cada barrio y el número de residentes de la vivienda. ¿Cómo se explica que el indicador de residuos residenciales utilizado por el Ayuntamiento sea de 896,73 kg por habitante en Sol, frente a 175,04 kg en Nueva España, 160,02 en Hispanoamérica o 141,02 en Bellas Vistas?

La Asociación solicita al Ayuntamiento información cuantificable sobre los residuos generados en Plaza Mayor y su entorno: volumen total y per cápita residencial, metodología utilizada para atribuir su origen, población empadronada y estimaciones de población flotante, residuos procedentes de actividades económicas y eventos, frecuencias de recogida y limpieza, refuerzos extraordinarios y coste efectivo de estos servicios.

El objetivo no es cuestionar la necesidad de financiar adecuadamente la gestión de residuos, sino conocer quién genera los residuos, cuánto cuesta gestionarlos y sobre quién termina recayendo ese coste, más aun teniendo en cuenta la negativa del mismo ayuntamiento a tasar el turismo con una contribución, que precisamente incida sobre este y otros tipos de consecuencias de su desorganizada expansión.

 - Pedimos datos, transparencia y trazabilidad -

Para VPMMAD, esta cuestión forma parte de un problema más amplio que afecta al centro histórico: la masificación y la externalización de los costes derivados del uso intensivo del espacio público. La Plaza Mayor soporta una presión turística, comercial y de eventos muy superior a la que correspondería a su población residente, con consecuencias sobre la limpieza, el ruido, la movilidad, la seguridad, el mantenimiento y el uso cotidiano del espacio común.

La Asociación viene defendiendo precisamente que estos impactos deben medirse y que las políticas municipales deben distinguir entre la población que reside en el entorno y las actividades y usuarios que generan una presión adicional sobre él. Su Informe Maestro y el Plan Director proponen cuantificar los problemas y exigir actuaciones con responsables, plazos, presupuesto e indicadores verificables.

Esperamos del Ayuntamiento la transparencia suficiente para determinar qué parte del coste extraordinario de mantener Plaza Mayor deriva de su función residencial y qué parte de su utilización intensiva como uno de los principales espacios turísticos, comerciales y de eventos de Madrid.

Consideramos necesario conocer hasta qué punto las cifras atribuidas territorialmente a los residentes reflejan exclusivamente residuos de origen residencial o están condicionadas por la extraordinaria presencia de turistas, visitantes, establecimientos hosteleros y comerciales, eventos y grupos organizados

Solo a partir de esos datos, nos será posible evaluar con rigor si el sistema distribuye adecuadamente los costes para formular propuestas fundadas y evitar que las externalidades derivadas de la intensa explotación del enclave histórico terminen recayendo sobre quienes vivimos en él.